Durante una conferencia se anunciaron además, medidas para simplificar la burocracia, a la que se culpa de la falta de avances en la ejecución de los proyectos de infraestructura. Sin embargo, no hay consenso respecto a todas las medidas anunciadas, informó el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), que recoge una noticia de la revista Capital.
Las principales afirmaciones en el marco de la conferencia “Construcciones e infraestructura 2016” organizada recientemente por la revista rumana “Capital” han sido los siguientes:
1.- La absorción de los fondos europeos para infraestructura de transporte por el Programa Operativo Sectorial Transporte 2007 -2013 ha sido de solo un 62%;
2.- Rumanía pierde 3.000 millones de euros de los fondos asignados en el periodo 2014-2020 para el Programa Operativo Grandes Infraestructuras a causa de la división por fases de unos 74 proyectos inacabados en el periodo 2007-2013;
3.- El Plan Director de Transporte será aprobado por el Gobierno rumano antes del 15 de abril.
Las declaraciones más interesantes de los ponentes fueron las siguientes:
Marcel Boloș, secretario de estado de transportes rumano, declaró que “Es la primera vez que Rumanía tiene delimitados claramente sus corredores de importancia internacional. Si alguien cambia el trayecto de estos corredores, podrá ser condenado con cárcel.”
Acelerar la implementación de los proyectos de infraestructura de transporte es otra prioridad del Ministerio de Transporte, según Bolos. En este sentido mencionó la reciente elaboración de una ordenanza de urgencia mediante la cual se desea reducir sustancialmente el tiempo necesario para la obtención de los permisos y visados para la autorización de construcción de proyectos de infraestructura transeuropea de transporte.
El director general de la Compañía Nacional de Autopistas y Carreteras Nacionales de Rumanía (CNADNR), Cătălin Homor, precisó que el estudio de viabilidad de la autopista Sibiu – Pitești estará listo antes del final de este año y que “las obras correspondientes empezarán como muy tarde a principios del año 2019”.
En lo que se refiere a las obras de reparación del tramo de autopista Orăștie – Sibiu, estimadas en 5 millones de euros, el director general de la CNADNR, precisó que éstas empezarían en el mes de abril y que la licitación para el peritaje de las obras del tramo 3 de la autopista Orăștie – Sibiu se convocará en la semana del 21 de marzo.
Emanoil Dascălu, secretario de estado de Ministerio de Fondos Europeos, comenta que “en Rumanía se han construido autopistas sin autorizaciones de construcción.” Según fuentes de la Inspección del Estado de Construcción y del Ministerio de Transporte, 3 de los 4 tramos de la autopista Sebes – Turda tienen problemas legales en sus autorizaciones de construcción. Este ha sido el motivo por el cual estas obras han sido financiadas con cargo al presupuesto del estado y no con cargo a fondos europeos. Dascălu mencionó también el hecho de que en Rumanía se está trabajando con contratos FIDIC, pero que este tipo de contrato no es ventajoso para Rumanía y que debe ser adaptado a la legislación rumana: hasta ahora la garantía prevista por los contratos FIDIC era de 1 año y estamos haciendo modificaciones sobre los mismos para que el periodo de garantía para autopistas sea de 4 años.
Otro problema con los proyectos de infraestructura financiados con fondos europeos es, según Dascălu, el de sospecha de fraude: 24 proyectos están siendo investigados actualmente por la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA).
Según el vicepresidente de la Asociación Rumana de los Empresarios de la Construcción (ARACO), Valentin Stoica, el deseo de las autoridades rumanas de eliminar de las clausulas FIDIC la Comisión de Arbitraje de Disputas (DAB, por sus siglas en inglés) y del Arbitraje Internacional es peligrosa, porque en su opinión una disputa de varios miles de millones de euros será decidida por un juez que no tiene la formación específica necesaria.
Por otro lado, el director general de la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Rumanía (CFR SA), Marius Chiper, espera que en 2016 se pueda completar el proceso de licitación pública para la modernización de la línea férrea Gurasada – Simeria y la finalización de la línea férrea Cluj – Oradea – Episcopia Bihor. Asimismo, Chiper menciona que CFR “ha recibido 2.300 millones de leus con cargo al presupuesto del estado, de los cuales 475 millones para terminar algunos proyectos de inversión y 150 millones para reparaciones. Asimismo hay asignados unos 150 millones de leus para la finalización de los proyectos ISPA.” En 2016 se convocarán licitaciones para la modernización de los tramos ferroviarios Brașov – Apața y Cața – Sighișoara, afirma Chiper. Asimismo se está trabajando en un estudio de viabilidad para la modernización de la línea férrea entre Brașov y Predeal.
El gran problema para CFR sigue siendo la evaluación de las ofertas correspondientes a las obras financiadas con dinero europeo. “Arad-Simeria es un proyecto complejo valorado en 1.800 millones de euros. Para que se ejecute en condiciones óptimas se ha dividido en 4 lotes, con 2 procedimientos de licitación distintos: km. 614 – Bârzava; Bârzava – Ilteu, Ilteu – Gurasada y Gurasada – Simeria. Actualmente estamos en la fase final del procedimiento. Dos lotes están impugnados ante la CNSC (después de que se hubieran declarado desiertos) y los otros 2 lotes están en procedimiento de evaluación. Según tengo entendido, han finalizado las etapas de calificación y verificación. Espero que a finales de este mes tengamos los informes finales de las comisiones.”
Fuentes de la CNADNR confirmaron también que los últimos 3 kilómetros correspondientes a la entrada en Bucarest de la autopista Bucarest- Ploiești tendrán 3 nudos de tráfico y que la UTE adjudicataria Euro Construct Trading 98 – Aktor tiene 4 meses a su disposición para diseñar la autopista urbana.
Cristian Erbașu, el presidente de la Patronal de las Empresas Constructoras (PSC), prevé un encarecimiento de entre un 20 y 30% de los materiales de construcción en los próximos 2 -3 años, motivo por el cual solicita la inclusión de una cláusula de ajuste de los precios en los contratos con el estado.
A su vez, el ministro de desarrollo regional y de administraciones públicas de Rumanía, Vasile Dâncu, comunicó que los diputados rumanos están trabajando también en una ley de certificación de empresas constructoras que permitirá al estado retirar la licencia de funcionamiento a las empresas que han ejecutado las obras cuando haya desviaciones en la ejecución de los contratos de infraestructura pagados con dinero público.
Sobre este tema, Cristian Erbașu afirma que “se desea una certificación bajo la tutela del estado, pero nosotros hemos propuesto la creación de una ONG, en la que estén implicadas además las asociaciones profesionales y patronales, universidades, institutos de I+D+i.”
Estas discrepancias reflejan que, a pesar de que el mes que viene entrará en vigor una ley que regulará las adquisiciones públicas, se necesitará más tiempo para alcanzar un consenso sobre las normas de aplicación de la nueva ley.
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